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Con el cambio de Gobierno quizá lo que más se repita en televisión, en la radio o incluso en LinkedIn sea: “El Gobierno aprueba un Real Decreto-Ley en determinada materia”.

¿Qué pensáis si alguien viene y os dice que son capaces de relacionaros un Real Decreto-Ley con una película musical?  Y no nos referimos a Mamma Mía, aunque a veces, observando el panorama nacional no nos quede otra que exclamarlo.
Pues bien, La Llamada y el mundo jurídico tienen más relación de lo que imagináis. Y diréis: ¿Cómo? ¿Qué me he perdido?
¿Os acordáis del eslogan “Lo hacemos y ya vemos”? Algo así como… Tú hazlo y luego ya vemos cómo nos ocupamos de ello”.

Pues para que nos entendamos, algo parecido pasa con un Real Decreto-Ley. Han sido capaz de sintetizar un artículo de la constitución en una sola frase de cinco palabras. Maravilloso.

¿Que no entendéis la relación?

Venga, os lo explicamos de la manera fácil.

Un Real Decreto-Ley es como se le denomina a una norma (una norma no es una ley, ojo) a la que se le otorga el mismo poder de una ley aprobada por el cauce habitual pero que el Gobierno ha decidido dictar porque considera que hay que regular una determinada situación debido a una “extraordinaria y urgente necesidad”. Después, eso sí, pasados 30 días se deberá convalidar por el Parlamento (Congreso de los Diputados + Senado) como si fuera una ley corriente y moliente, por lo que puede “tumbarse” como generalmente se conoce a ese final. Además, el término “Real” alude a que debe ser sancionado (aprobado) por el Rey.

Visualicemos una pirámide imaginaria. La Constitución Española es la norma suprema –es la norma más importante desde la que parten todas las demás– y donde le siguen los Tratados Internacionales, así como las Leyes Orgánicas y las Leyes (la diferencia entre una y otra quizá la dejamos para más adelante, ¿os parece?) que la desarrollan. Justo por debajo de éstas, en rango de importancia, encontraríamos los Reales Decretos-Ley. Trascendentales, ¿verdad?

Llegados a este punto ¿Quién considera que una materia es necesario regularla de manera urgente y extraordinaria? ¿Esto significa que se puede legislar sobre un tema que se considera urgente, sin más? ¿Qué consideramos “urgente y extraordinariamente necesario”?

No existe respuesta. No existe una regulación expresa sobre esa regulación más allá de que, el Tribunal Constitucional, concluyó que, mientras se respetaran una serie de límites, era el propio Gobierno el que decidía que una situación era urgente de abordar (a la motivación se le llama oficialmente “presupuesto habilitante”). Se trata, como comúnmente se conoce, de tramitar una ley por la “vía rápida”.

Aquí no vamos a entrar en analizar si este procedimiento es útil o no es útil; si es moral o inmoral o si se está usando de una manera indiscriminada para legislar saltándose procedimientos que podrían “tumbar” esa ley previamente porque no obtiene la mayoría parlamentaria, es decir, que vaya en contra de lo que opine la mayoría del Congreso de los Diputados + Senado.

Es por esto por lo que el Gobierno se diría para sí mismo: “pues lo hacemos, legislamos de manera urgente, nos ocupamos de ello y ya luego vemos si se aprueba o no se aprueba”. O lo que es lo mismo: “Lo hacemos y ya vemos”.

Buen truco para simplificarlo, ¿no?

Quizá os planteéis hasta qué punto una situación es “urgente de abordar”, si se trata de una argucia del Gobierno de ese momento para asegurarse de promulgar las leyes que más les interesan o incluso la razón por la que se debería dejar de permitir que esto suceda.

Hay que tener en cuenta que no se debe generalizar y que, como todo, para que haya Reales Decretos- Ley verdaderamente útiles, también hay que comulgar con otras leyes que, quizá, no lo sean tanto.

En definitiva, tened en cuenta que no es un acto verdaderamente criticable. Cada Gobierno lo adecúa a su pensamiento político por lo que, objetivamente, nos parecerán correctos o incorrectos dependiendo de nuestra ideología. Por eso esto va más allá. Esto trata de asumir el poder que se le otorga al Gobierno que se suceda y asumir que no existe una regulación exhaustiva para limitarles ese poder. Confiamos en ellos cada cuatro años a sabiendas de que legislarán de este modo, incluyendo los que consideremos útiles como los que no.

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